El radical eres tú

¿Y si Aduviri tuviera razón?

Al inicio de la campaña electoral de 2011, Ollanta Humala era considerado por muchos un candidato “radical”. Su posición a favor de un cambio profundo en el modelo económico y político lo hacía aparecer como un líder con posiciones extremas. Una vez conquistado su electorado “extremista” (y ante la ausencia de competencia en esa esquina del espectro) buscó nuevos adeptos al medio, lo cual explica, entre otros factores, su triunfo. Sin embargo, ello no significa que el electorado radical haya desaparecido. Por el contrario, sigue ahí esperando ver satisfechas las expectativas que despertó el actual presidente.

La semana pasada estuve en Puno entrevistando a dirigentes sociales y autoridades locales. Esta región tiene todos los elementos para incubar una cultura política contestataria: economía informal creciente (desde contrabando hasta narcotráfico, pasando por la minería informal), tradición política radical, identidades colectivas (indígena) ‘movilizables’ y liderazgos con capacidad de articular oposiciones, aunque lejos de construir una representación sostenible como proyecto político. Las cabezas del “movimiento social” apenas sobreviven una estación. Walter Aduviri, el más conspicuo de ellos, deja en estos días su cargo de presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, en medio de disputas internas. Pero ello no necesariamente significa el fin de su carrera.

En política no hay vacíos. Y si los partidos nacionales no tienen presencia en espacios regionales como Puno, se abre campo para aquellos como Aduviri que sean capaces de hacer trabajo político. No lidera una organización cohesionada, pero tiene un discurso que cala en medio de tanta insatisfacción. “Humala tiene el gobierno, pero no tiene el poder”. Así resume su posición frente al actual mandatario. “Yo solo defiendo los intereses de mis hermanos y por eso me dicen radical”, continúa. Las plataformas de lucha –tiene razón– son finalmente la articulación de los intereses que defienden los locales, en este caso el derecho sobre sus tierras. Bajo esta lógica, tan radical y extremista son también las posiciones de empresarios y élites mineras que por ejemplo sostienen la sinrazón de que las comunidades indígenas fueron “inventadas por Velasco” (Roque Benavides dixit), desconociendo así la historia y la sociedad fuera del alcance de los Starbucks.

La principal diferencia es que los radicales de izquierda hacen trabajo político en las bases y en los bloqueos, mientras que el radicalismo empresarial en el lobby de altas esferas. Pero también que los primeros pueden asociarse con facilidad para la destrucción de la democracia. El Movadef (Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales), conformado por ex reos que cumplieron condena por terrorismo, tienen una presencia intensa en algunas comunidades puneñas.

Si a ello le sumamos sus brazos estudiantiles en las universidades nacionales de la zona, su cercanía con el etnocacerismo (una combinación de discurso clasista con indigenista ‘new age’) y la impronta de Aduviri en el movimiento social puneño, el abrazo entre éste y Antauro Humala tiene mucho sentido. Hasta el momento, el Presidente Humala ha logrado incorporar medianamente bien a los radicales empresariales (la negociación del gravamen minero es el mejor ejemplo). Pero de él también depende bajar la intensidad del extremista antisistema y evitar que la violencia vuelva a convertirse en una alternativa política. Evitar que Puno sea el Ayacucho del nuevo siglo.

Publicado en Correo Semanal, 29 de Setiembre del 2011.

¿Y dónde está el Estado? 2 1/2

De qué hablamos cuando hablamos de “más Estado”.

Desconfíe, estimado lector, de los analistas que terminan cada pregunta incómoda con la respuesta: “es que no hay Estado”. Desde las grandes luminarias de nuestras ciencias sociales hasta los analistas post-Tanaka (término acuñado por Gonzalo Zegarra para referirse a los politólogos calichines), hemos terminado refugiándonos en esa afirmación que más que respuesta suena a mea culpa generalizado. Guillermo O’Donnell acierta cuando describe esta aparente evanescencia: “El Estado está en todas partes y en ninguna a la vez”. Para la mayoría, el Estado es puentes y carreteras. Los nacionalistas con botas tienden a pensar que se trata simplemente de presencia militar. Para los menos, es Estado de derecho. Entre éstos, las feministas reivindican Estado como justicia a una mujer violentada, por ejemplo. Para los zurdos, se trata de Estado de bienestar. Para los diestros (en los negocios), reglas de juego casi siempre convenientes para sus intereses. El Estado puede ser lo que Ud. quiera, por eso mismo todos jalan para su lado.

El Presidente Ollanta Humala recientemente confesó su incomodidad como “jefe de Estado”: “Hemos heredado un Estado que no está alineado con lo que queremos hacer y por eso nos cuesta dar cada paso”. En términos concretos, se plantea dos alternativas para el desafío: mantener lo que hay pero hacer modificaciones ligeras que tengan un impacto a largo plazo o ejecutar una reforma de raíz que, digamos, nos lleve a una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, a pesar de los ecos de la campaña electoral, Humala parece haber asumido la primera vía, que es algo así como piloto profesional manejando una combi vieja. Si el Estado es el problema, modificaciones cosméticas no llevan a ninguna parte. El otro camino es tortuoso y traumático, pero sobre todo requiere de un apoyo social inexistente (piénsese en Bolivia donde la demanda constitucional tenía el 80% de respaldo) y de un proyecto político de acuerdo con ese pedido de cambio radical. ¿Existe un justo medio?

En una de sus intervenciones radiales, Patricia del Rio precisaba, a partir de las declaraciones presidenciales citadas, la diferenciación entre una mayor presencia estatal y un Estado fuerte. Dependiendo como se interprete la “fortaleza estatal”, se puede derivar en un Estado militarizado o autoritario. Durante el conflicto interno, Fujimori recuperó (sic) la presencia estatal a punta de “estados de emergencia”, donde los militares ejercieron la autoridad estatal por encima de los civiles incluso muchos años después de haber cesado la amenaza subversiva. Un Estado militarizado no es necesariamente más fuerte, pero sí más autoritario.

La “ausencia de Estado” se discute aisladamente. No se pone en el tapete que el fortalecimiento estatal supone una interrelación estrecha entre ciudadanía y democracia. Cualquier estrategia de profundización del Estado debe partir de garantizar los derechos ciudadanos que legitiman las reglas de juego democráticas. Si se conciben “pobres” en vez de ciudadanos, tendremos un Estado clientelar; si se piensa “Estado fuerte” sin garantía de derechos, tendremos un Estado autoritario. La fórmula anterior (elogiada por el fujimorismo y sus admiradores) es una vieja y nefasta receta populista y de mano dura. No hay “más Estado”, sin ciudadanos ni sin Democracia. Recuérdelo la próxima vez que escuche este rollo.

Publicado en Correo Semanal, el 22 de Setiembre del 2011.

Oposición sin partidos

Los analistas “independientes” como oposición al oficialismo

No hay democracia sin oposición. Sin un sector político que equilibre los ímpetus oficialistas, que haga preguntas incómodas, que modere los excesos del poder sobre todo cuando las tentaciones autoritarias acechan la política peruana desde hace mucho tiempo. La oposición representa a los discordantes, a las dudas razonables, a los que no siguen el tono de las mayorías. Pero, ¿qué sucede cuando no existe una oposición organizada presta a discutir constructivamente las iniciativas del Gobierno? ¿Cuáles son los riesgos de la ausencia de una oposición sin capacidad de ponerle al Gobierno otras alternativas al curso político que plantea? ¿Qué pasa cuando no solo no hay partidos, sino cuando no hay partidos de oposición?

El inicio del gobierno de Ollanta Humala ha agarrado sin piso a quienes deberían ocupar los roles de antagonistas. El fujimorismo se abstiene o calla estratégicamente en temas en los que no le conviene levantar polvareda (la libertad de Antauro Humala). Mientras no se toque severamente el modelo económico, la derecha se queda tranquila. En temas especializados simplemente parecen no tener siquiera un punto de vista definido. Las críticas se reducen a cuestionar nombramientos o a hacer bulla sobre iniciativas de las que podrían sacar provecho propio (como el Pleno Descentralizado en Ica). Pero ya que en política no hay vacios, estos terminan siempre siendo llenados. Es así como periodistas y analistas pasan de simples comentaristas de la realidad a activos protagonistas del devenir político. Las consecuencias, evidentemente, son perjudiciales por más que vengan con buenas intenciones.

El debate en torno a la erradicación de los cultivos ilegales de coca es un claro ejemplo del poder que terminan teniendo algunos opinantes. La “oposición” en este tema ha recaído en los embates que Fernando Rospigliosi y Jaime Antezana han procurado sobre cada paso (algunos en falso) del oficialismo. ¿Cuál es la legitimidad política que pueden tener los argumentos de estos especialistas en materia de seguridad? ¿Por qué un experto “independiente” tendría que pasar a tener un rol más activo y ponerse frente al Gobierno a reclamarle cara a cara sus medidas? Para algunos se trataría de ser simplemente coherentes con sus propios principios, para otros sería el resultado de años de consultorías bien pagadas que engordan sus billeteras. Para el punto que propongo, estas razones no importan centralmente. El tema de fondo es la representatividad y la legitimidad de estas voces. ¿Por qué no canalizan sus válidas posiciones a través de representación política? Al ser sus motivaciones poco transparentes, terminan levantando sospechas sobre el origen de sus argumentos, debilitando lo que podrían ser legítimas propuestas.

Existen muchos analistas que inundan las pantallas y las páginas políticas con posiciones que maquillan como argumentos neutrales e independientes, cuando en realidad obedecen a intereses más mundanos. ¿Usted sabe cuántos ‘caseritos’ de los programas políticos que usted consume son además consultores privados de políticos, reciben desde hace años sueldos del Estado (por ejemplo, como asesores de entes reguladores), o pertenecen a consejos consultivos de sectores estratégicos del Gobierno? No hay problema que lo sean, pero sí que no lo digan al momento de vendernos su gran aporte a la comprensión de la realidad nacional. Si fuera así, sabremos con qué pie patea, y el ciudadano podría evaluar con mejores elementos el “análisis” que consume.

Publicado en Correo Semanal, 15 de Setiembre del 2011.

¿Un Congreso sin otorongos?

Un alegato a favor de las sesiones del Pleno descentralizadas

La actual Mesa Directiva del Congreso ha tomado la iniciativa de realizar, al menos de manera piloto, sesiones descentralizadas del pleno del Legislativo y llevar por dos días a los 130 congresistas a Ica. Esta decisión ha sido cuestionada mayoritariamente, no solo por la oposición, sino sobre todo por los medios de comunicación, que la han catalogado como “populista” e “inútil”. Se han señalado los gastos excesivos que esto implicaría, también, que bastaría con una mayor presencia de los parlamentarios de dicha región, o que una visita de este tipo podría ser contraproducente al crear falsas expectativas. Los más inteligentes temen que este tipo de prácticas exacerben la democracia participativa y convierta el contacto directo con la gente en una justificación para debilitar aún más la institucionalidad del país. En otras palabras, le ha caído con palo de todos lados. Sin embargo, se va a llevar adelante más por la terquedad de su promotor, Daniel Abugattás, que por consenso.

El Congreso de la República es una de las instituciones con menor prestigio del país. Para ser francos, lo es en la mayoría de países latinoamericanos. El estereotipo del congresista limita su imagen, en el mejor de los casos, a la de un político con poca capacidad de ofrecer bienes concretos a la gente, o simplemente en un ‘comechado’ que vive a costa del erario nacional.

Los escándalos en los que algunos parlamentarios se han visto envueltos han mermado aún más su reputación. De hecho, los medios de comunicación explotan sus faltas y las convierten en portadas amarillas, la mayoría de las veces sin distinguir entre los inquilinos de los escaños y la institución en sí. Se castiga a un congresista ‘comepollo’, pero no se reivindica el mérito de una ley trascendental como la de consulta previa. De cualquier manera, estamos ante una imagen en crisis, y antes que continuar con el apanado público, deberíamos preguntarnos si es posible un Congreso sin ‘otorongos’.

Tenemos que partir de la premisa de que los parlamentarios actuales sufren de una débil representatividad. Al no haber ni partidos ni organizaciones intermedias vigentes, no hay canales por los cuales los congresistas sintonicen con las demandas de su electorado. Cualquier intento de acercar el Congreso a la gente sirve, tanto en el aspecto de canalización de demandas (la ciudadanía local puede aprovechar esta oportunidad para agregar sus intereses y dialogar colectivamente con los representantes) como en el lado más simbólico (para muchos será la primera vez en que podrán, al menos, sentirse reconocidos por la visita de los ‘padres de la patria’).

Los plenos descentralizados tienen en teoría una doble virtud: combinan la representación con la relación directa con la ciudadanía –buscando legitimar lo primero con lo segundo– y de ser un acercamiento institucional y conjunto, tanto del oficialismo como de la oposición. El potencial de esta herramienta debe ser acompañado por congresistas que no solo estén a la altura del encargo, sino que hagan causa común contra el desprestigio institucional que sufren. La idea es buscar salidas de fondo y no perdernos en críticas secundarias ni descalificaciones a priori tan común en demócratas-dedo-meñique. Insistir en el descrédito –tan alegremente– contribuye, en el largo plazo, a la justificación de su cierre. Y eso no queremos otra vez, ¿no?

Publicado en Correo Semanal, 8 de Setiembre del 2011.

La pequeña "gran" transformación

El primer análisis de un gobierno que recién empieza

El jueves 25, Salomón Lerner Ghitis presentó ante el primer poder del Estado la política general del Gobierno de Ollanta Humala y las principales medidas de gestión para solicitar el voto de confianza. El discurso ha sido aplaudido por diversos sectores, tanto por escépticos como por seguidores, y solo el fujimorismo ha puesto de manifiesto su incredulidad a través de la abstención. Omisiones claves como el debate constitucional sobre la posible vuelta a la Carta de 1979 y planteamientos sobre el régimen económico son interpretadas dependiendo del humor de los opositores: como un signo de continuidad para los optimistas, o como un silencio preocupante para los más temerosos.

El primer mes de gobierno y los gestos iniciales dan cuenta de que la “gran transformación” prometida podría seguir la receta brasileña: mantener el modelo económico (se sabe de los altos costos que implicaría una modificación severa de las políticas de estabilidad macroeconómica) y buscar en el limbo entre neoliberales y estatistas su paraíso político. No cambiará las estructuras, pero sí todo lo que sea posible hacer dentro del corsé impuesto por los intereses empresariales (que transitan entre la defensa y el miedo) y las altas expectativas sociales (que viven entre la demanda y la esperanza).

La salida parece ser una vuelta al control estatal. Una reforma del Estado que implique un nuevo diseño territorial (con macrorregiones), con nuevas “relaciones con la sociedad” (Ministerio de Inclusión Social), y que dé marcha atrás a procesos de descentralización sectoriales (fin de la municipalización de la educación). La propuesta más audaz es “desprivatizar” (sic) áreas estratégicas, incluir a ElectroPerú como socio en hidroeléctricas y promover una marina mercante y una línea aérea de bandera. Una suerte de nacionalismo jugado al borde del reglamento, pero que ninguna otra alternativa política se hubiese atrevido siquiera a balbucear. El riesgo es que por controlar el Estado, se centralice; que por acelerar la marcha, se aplique reversa.

Humala parece suplir la ausencia de partido con cuadros militares leales a la “hoja de ruta” de Adrián Villafuerte. Entiende la penetración territorial del Estado como la necesidad de poner al Ejército a construir carreteras (inserte aquí flashbacks a Fujimori). Como si la única forma que existe para hacerlo sea con uniformes verdes. Las políticas en materia de seguridad (como la propuesta de una Ley de Servicio Policial Voluntario) forman parte del lado de la luna humalista que menos conocemos, más cerca de los reservistas que de los intelectuales-embajadores.

La verdadera transformación, al menos hasta ahora, viene por el lado de la relación con la gente. A nivel institucional, la Ley de Consulta Previa marca un inicio promisorio. A nivel de su estilo escueto personal, Humala busca inventarse como un presidente que compensa su lejanía de las cámaras cuando se baja del estrado oficial para preguntarle a la gente por sus chacras y ganado (como se vio en las actividades del aniversario de Arequipa). Si logra acompañar sus incursiones con programas sociales efectivos (cuenta con una caja adicional producto de sus exitosas negociaciones con los mineros), ya hará la diferencia con respecto a la última década durante la cual si se tomaba un avión para salir de Palacio, era para ir a Punta Sal.

Publicado en Correo Semanal, 01 de Setiembre del 2011.